Hace
ya casi 76 años, el día 25 de agosto de 1936, serían asesinados en la localidad
cordobesa de Cabra (Córdoba) FRANCISCO GÓMEZ BARRANCO, casado, de 59 años de
edad (ferroviario de profesión) y su hijo MIGUEL GÓMEZ ROJAS, soltero, de 25
años, (estudiante de periodismo) junto a otras quince personas más, como
consecuencia de la sin razón y la barbarie que las nuevas autoridades surgidas
del cruento golpe de estado ocurrido el 18 de julio de ese mismo año, desataron
en todas las poblaciones caídas bajo su mando.
Francisco
Gómez Barranco, por su profesión de ferroviario vivía en Sevilla, así como toda
su familia. Tras los acontecimientos producidos en julio de ese año y tal y
como transcurrían los primeros días violentos en Sevilla , Francisco tomará la
decisión de marchar a su pueblo natal, donde según el pensaba “… todos eran
conocidos y nada peligroso podría pasar.” Su hijo Miguel se reuniría con la
familia en Cabra algunos días más tarde.
Ninguno
de los dos militaba en ningún partido político ni sindicato obrero. El único
“crimen” cometido por Francisco para ser detenido en su localidad natal fue
leer la prensa en reunión de algunos amigos analfabetos a los cuales informaba
de los acontecimientos sucedidos en la provincia durante los primeros días del
golpe militar. El de Miguel, encontrarse junto a su padre el día que los
detuvieron.
Detenidos,
maniatados y encarcelados, fueron vilmente asesinados, sin acusación ni juicio
previo. Sin defensa legal. Fusilados.
Sus
cuerpos fueron ocultados en una fosa común junto a sus compañeros de
infortunio. Su defunción jamás de practico, ni se realizo inscripción alguna en
el registro civil correspondiente de su muerte. Simplemente, desaparecieron de
un día para otro como si jamás hubiesen existido.
Fueron
otro padre y otro hijo mas de los cientos de miles de familias masacradas y
exterminadas física y documentalmente en unos hechos que hoy todavía después
del tiempo transcurrido nos siguen produciendo dolor y vergüenza. Las
detenciones ilegales, las violaciones de los derechos humanos, las torturas,
los asesinatos y las desapariciones fueron la practica utilizada para imponer
en todos y cada uno de los pueblos de España la .. nueva justicia nacional.
Durante
la guerra civil y la posterior dictadura, simplemente la nueva justicia
nacional y el código penal no fueron sino instrumentos al servicio de la
ideología dominante y agentes necesarios para la imposición de un determinado
orden moral y social. Y una pieza más en el gigantesco mecanismo de la
represión. Una represión negada por muchos y desconocida por casi todos . Que
ha sido el más claro y exponente y denominador común de cómo el franquismo
logró amordazar a una buena parte de la sociedad de este país.
Una
nueva justicia nacional que impuso oficialmente el mielo y el olvido a los
familiares de las víctimas, de las personas que habían sido asesinadas y hechas
desaparecer. Un miedo y un olvido “ oficial” que impidió que casi nadie pudiese
acercarse a los juzgados, solicitando información del paradero de sus seres
queridos “desaparecidos“, o que se les permitiese incluso inscribir su muerte
en el registro civil. La justicia, (simplemente) su justicia,
durante
muchos años en este país siguió brillando por su ausencia.
Son
personas “desaparecidas” y “asesinadas” ( no lo olvidemos). Personas omitidas
por la historia y el paso del tiempo y que hoy a través de su retomada
presencia y su recuerdo nos imponen la memoria. Personas hechas desaparecer
física y documentalmente. Como si nunca hubiesen existido. Personas con nombres
y apellidos. Nombres que en muchos casos comienzan a aparecen ahora por primera
vez impresos en un papel después de décadas de desapariciones forzadas. Unos
nombres que aluden a víctimas concretas, con ideas y sentimientos, revividos en
sus familiares, y que reclaman con su solo recuerdo, con su ya inexistente
presencia que se haga de una vez por todas JUSTICIA.
Personas
“ desaparecidas”, con todos los términos de la ley. Alguien que ha nacido pero
que a efectos oficiales aún no ha muerto. Personas olvidadas que aún hoy
continúan siendo objeto del desamparo legal más absoluto en nuestro país, en un
estado de derecho que constantemente ha vivido de espaldas a sus
responsabilidades, durante mucho tiempo desatendiendo las peticiones de
justicia de los familiares de víctimas de la dictadura y la represión
franquista, un estado que continua dejándolos también hoy en la mas cruel de
las indefensiones, al no permitir que después de 75 años de angustia y dolor,
sus familiares no puedan registrar el asesinato de Francisco y de Miguel.
Una
indefensión que se ha convertido ya en oficial y que ha llevado y continua
llevando dolor, sufrimiento, crueldad y un trato inhumano a estas familias,
victimas de la barbarie.
Una
situación, que también ha sido como digo prolongada en el tiempo. Pues ha
pasado de generación en generación, de padres a hijos y que pesa como una losa
cada vez mas grande sobre nuestras espaldas.
Ha
sido la tercera generación, la que tomó el relevo de su padre FRANCISCO GÓMEZ,
en la lucha por reclamar justicia. Ha sido el nieto de Francisco, Jorge Gómez
Sáenz, (sobrino también de Miguel) el que solicito a finales del pasado año
2010 la inscripción fuera de plazo legal de las muertes de su abuelo y su tío
Miguel.
Una
muertes (asesinatos) que nuestro estado de derecho se niega a registrar
amparado en la actual Ley de Registros Civiles. “ … traiga dos testigos
presenciales del asesinato.” , (les dice el juez) , pues los testigos que ha
aportado no son directos o de referencia y han declarado sobre hechos que
no
han presenciado a través de las noticias que les han llegado de anteriores
generaciones.
Después
de la ignominia que representa la desaparición física y documental, después de
casi 75 años transcurridos, la justicia nos pide a nosotros, a los familiares a
los cuales se les oculto el cuerpo y el delito, que presentemos testigos
presenciales.
Los
testigos presenciales, los asesinos dudo mucho que si estuviesen aún hoy vivos
quisieran acudir a un juzgado a testificar que efectivamente Francisco y
Miguel murieron de de forma violenta. Pues solo ellos formaron parte en la
visión testifical de los hechos que perpetraron.
De
forma incomprensiblemente la justicia les niega el derecho que les asiste a
poder registrar la defunción de sus familiares.. Y al negarles de forma
sistemática la inscripción de sus desaparecidos en los correspondientes
registros civiles se perpetua y se pone en tela de juicio la credibilidad de
las instituciones democráticas y la mas que probable parcialidad del poder
judicial en nuestro país.
A
mi juicio, mientras esta situación continúe así España no será nunca un país
normal, no será nunca un país justo y por el contrario seguirá siendo un país
como el de hace 74 años, un país sin justicia. Una justicia que tarda demasiado
tiempo en llegar.
